Cuando dos personas se divorcian se pueden establecer, si así lo determina el Juez, una pensión compensatoria. Su función es equilibrar la situación de ambos cónyuges después del matrimonio. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando uno de los miembros se ha dedicado en exclusiva a atender las necesidades familiares y no ha realizado un trabajo remunerado durante el matrimonio.

Todo lo relativo a la pensión viene recogido en un documento llamado Convenio Regulador. Ahí debe indicarse la cantidad que debe abonar el cónyuge, así como las bases de su actualización (recordemos que los precios cambian cada año; de ahí la necesidad de estas actualizaciones).
Ahora bien, es cierto que lo establecido en el Convenio no es permanente: si es necesario, se puede pedir los cambios que fueran oportunos. Esto puede ocurrir cuando una persona ya no tiene suficientes recursos para seguir pagando la pensión a su excónyuge, por diversos motivos: ha perdido su empleo, le han reducido el sueldo, ha tenido más hijos, etc. En estos casos las circunstancias del obligado a pagar han cambiado, por lo que se debe tener en cuenta que esto afectará a su capacidad económica.

¿Cómo se resuelve esta situación?
Lo que se puede hacer desde el punto de vista legal es poner una demanda pidiendo una modificación de medidas. Para ello habrá que demostrar las causas por las que lo estamos pidiendo, así que es importante aportar todos los documentos que podamos. Hoy en día los Tribunales civiles están siendo comprensivos con la situación actual, y por eso se están aceptando muchas demandas de modificación de medidas.

En cualquier caso es muy importante contar con un abogado especializado en el tema para que nos oriente. Por eso le invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Nuestro Despacho en Valencia, especializado en Derecho de familia, atenderá todas sus dudas y concertaremos una cita con usted lo antes posible.

La violencia de género es, desgraciadamente, una lacra social cuyas cifras siguen persistiendo año tras año en nuestro país.

Además de la problemática que este tipo de situaciones entrañan para la propia afectada, encontramos a otras víctimas colaterales: los hijos.

Efectivamente los hijos de las víctimas que han sufrido estos delitos se encuentran con grandes dificultades. La primera de ellas, indudablemente es el daño psicológico causado. Pero desde el punto de vista legal existía otro problema añadido, y era la dificultad para conceder a estos niños una pensión de orfandad.

Los huérfanos no recibían la prestación si su madre no alcanzaba los requisitos mínimos de cotización -500 días trabajados en los 5 últimos años-.
Es evidente que muchas de esas mujeres no cumplían los requisitos, no por no querer permanecer en el mercado laboral sino porque en algunos casos sencillamente les era imposible. La presión ejercida por sus parejas llevaba aparejada una retirada prácticamente forzosa de sus puestos de trabajo.
En otros casos también es posible que debido a la juventud de la madre, esta no hubiera tenido tiempo de cotizar lo suficiente.

Origen de la reforma legislativa

En 2015 se llevó a cabo un primer intento de reforma, cambiando las bases de cotización para los beneficiarios de estas pensiones. Pero la modificación no resolvía el problema de base. Finalmente en 2017 el Gobierno ha decidido presentar una proposición no-de ley para corregir esta situación de una vez por todas.

De ser aprobada, esta propuesta supondría la modificación de la Ley de la Seguridad Social, quedando recogido este derecho para todos los menores sin importar lo que hubieran cotizado sus madres.

Queremos recordarle que nuestro Despacho en Valencia puede ayudarle en todo tipo de cuestiones relacionadas con el Derecho de Familia.
Puede contactar tanto telefónicamente como a través del email que encontrará en la web. Su caso será atendido con el máximo respecto y eficacia.

La adopción es una institución jurídica que permite integrar a un niño en una nueva familia.
Las leyes españolas se han preocupado por regular de forma cuidadosa esta cuestión, teniendo en cuenta la importancia del tema.
Actualmente existen dos modalidades de adopción: nacional e internacional.


Adopción nacional

Es la que se lleva a cabo dentro del territorio español.
Este trámite se debe iniciar ante el Servicio de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma que corresponda.
El Código Civil español señala los requisitos que deben cumplir los adoptantes, entre los cuales encontramos:

• Haber cumplido la edad de 25 años;
• Haber presentado una solicitud en el Registro de Adopciones;
• Reunir unas condiciones adecuadas para la atención del menor;
• Que exista la voluntad de ambos cónyuges o miembros de la pareja;
• Y otros.

Adopción internacional

Como su nombre indica se trata de una modalidad que permite adoptar a menores que han nacido fuera de España.
Esta situación está regulada por la Ley 54/2007, de Adopción internacional.
En este caso se tendrán que cumplir no solo los requisitos exigidos por las leyes españolas, sino también por las del país de origen del niño.

También debemos tener en cuenta que existen dos grupos de países: los que han firmado el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional; y los que no.


Este trámite también se inicia en España, pero luego seguirá su tramitación en el otro país interviniente. Si el resultado es positivo, la adopción se podrá inscribir en el Registro civil y de esta forma hacerla efectiva.



Tanto en uno como en otro caso, la tramitación de este tema requiere asesorarnos por un profesional debidamente cualificado en la materia.
Por ese motivo queremos recordarle que nuestro Despacho en Valencia está especializado en derecho de familia, pudiendo ayudarle si necesita información sobre adopciones.

La pensión compensatoria
La pensión compensatoria trata de equilibrar el nivel económico de uno de los cónyuges después de un divorcio o una separación. Por poner un ejemplo, una persna que ha dedicado todo su tiempo al cuidado y educación de los niños pequeños, abandonado su puesto de trabajo, tendría derecho a este tipo de pension.
La cuantía la pija un juez, pero no se trata de una cantidad definitiva, esta puede variar, al igual que la duración de la pensión. No tiene porque tener un límite de tiempo.

La pensión de alimentos
La pensión alimenticia se destina a satisfacer las necesidades básicas de los hijos que tenga el matrimonio, como la manutención, gastos escolares, etc. Se diferencia de compensatoria, por tanto, en que no va dirigida a ningún cónyuge sino a los hijos que pudieran estar necesitados de protección. Al igual que en la anterior, aquí se tendrán en cuenta diversos aspectos para fijar la cantidad concreta que habrá de abonarse.
En general va dirigida a los hijos menores de edad, aunque también puede establecerse para los mayores de 18 años, si son dependientes económicamente y se cumplen una serie de requisitos.

¿Son compatibles ambas pensiones?
Al ser independientes y referirse a situaciones distintas, ambas pensiones son compatibles y pueden darse de forma conjunta. Evidentemente también puede darse el caso de que no sea necesaria ninguna de las dos, o que solamente lo sea una de ellas.

Ambas son susceptibles de revisión es decir, que no tienen por qué fijarse con carácter vitalicio. En caso de cambios importantes en la situación de uno u otro cónyuge, podrá pedirse al Juez que modifique la cuantía de la pensión correspondiente.

Si desea más información sobre este asunto o desea ponerse en contacto con nuestros abogados expertos en Derecho de familia, puede llamar al teléfono de contacto o rellenar nuestro formulario.

No cabe duda que la separación de las parejas, sea por mutuo acuerdo o contencioso, es un procedimiento desolador. Por eso, en nuestra oficina Valencia trataremos de proteger tus intereses económicos y patrimoniales.

En Valencia contamos con abogados expertos en materia de derecho matrimonial que pondremos a su total disposición.

Tras la última reforma del 23 de Julio de 2015 si un cónyuge desea el divorcio el Juez no puede rechazar la petición, salvo por motivos procesales.

Documentación necesaria para iniciar la demanda de divorcio

En el bufete de Valencia le ayudamos a gestionar su disolución matrimonial, guiándote con los credenciales que serán necesario y los plazos a cumplir.

Los pasos a seguir son:

La manera más eficaz y económica de disolver el matrimonio es a través de la Jurisdicción Voluntaria, exige que sea de mutuo acuerdo, que no haya descendientes con la capacidad modificada judicialmente, que haya transcurrido 3 meses desde que contrajo matrimonio, un abogado y un procurador únicos para ambos cónyuges.

Se consagrará la vista entre las partes implicadas, sus procuradores y abogados y el Juez, y tras la celebración del pleito, se dictara sentencia marcando las instrucciones y el reglamento que van a seguir los implicados a partir de ese momento.

Tras el fallo por parte del Juez, se introducirán las modificaciones en el Código Civil. La misma alteración se recogerá en el Registro de la Propiedad y el Registro Mercantil, en el caso de que uno de los implicados fuera empresario.

La solicitud mediante el contencioso es la más costosa y extensa. Por un lado, la debe interponer solo uno de los que conforman la pareja, después el otro deberá recibir la demanda y finalmente el caso se llevará ante un juez.

Con alusión a los herederos, los padres podrán pactar en el pacto regulador o el Juez tendrá que fallar, en privilegio de los herederos, que la patria potestad permanezca ejercida total o deficiente por unos de los implicados.

Son motivo de desavenencia:
Cualquier desafuero continuado de las responsabilidades correspondiente de los herederos comunes a los dos o relativo de los de cualquiera de los consortes que convivan en la vivienda habitual.

El fin primordial al que sirven las Organizaciones Internacionales es facilitar y articular la cooperación entre los Estados que deciden crearlas con vistas a lograr objetivos que esos Estados o no pueden o les seria más costoso alcanzar individualmente.

El establecimiento de un núcleo de competencias que la Organización está llamada a ejercer es de tal importancia que la existencia de esas competencias atribuidas a la Organización por los Estados miembros es considerada, en la teoría general de las Organizaciones Internacionales, un elemento constitutivo de Organización.

No debe olvidarse que, frente a la naturaleza soberana, las competencias son derivadas, limitadas y de carácter funcional, es decir, son aquellas atribuidas con el objetivo de cumplir la función o misión prevista por el Tratado constitutivo de la Organización. Esto es predicable de la integración Europea y de la UE y de la CEEA como Organizaciones Internacionales.

Las competencias de la UE vienen brevemente establecidas en el TUE, donde se aprovecha para dejar claro que hay ámbitos que serán responsabilidad exclusiva de los Estados miembros.

A pesar del importante esfuerzo clarificador que el Tratado de Lisboa su articulación no deja de ser un tanto dispersa en la medida en que también el Protocolo nº25 matiza el ejercicio de las competencias compartidas por parte de la UE.

La Declaración nº 18 relativa a la delimitación de las competencias no insiste en limitar el ejercicio de competencias compartidas por parte de la UE, sino que explicita por primera vez una posibilidad que siempre ha existido: que los Estados miembros planteen una reforma a la baja de los Tratados constitutivos en lo que se hace a las competencias de la UE, decantándose, en contra de la tendencia hasta ahora desarrollada, no por aumentar sino por reducir dichas competencias.

En Valencia, abogados le asesorarán y realizarán acciones legales en los más diversos campos del Derecho.

La palabra cargos tuitivos viene de la raíz tutela, que significa protección. Una persona que tiene limitada su capacidad de obrar necesita una protección.
El fundamento de los cargos tuitivos es la necesidad de suplencia o complemento de capacidad de obrar. Está regulado en el Libro I, Título X Código Civil (art. 215 ss.).

Cabe destacar una reforma en 1983 de la Ley 13/83, del 24 de Octubre, con esta reforma pasa del ámbito familiar al poder judicial, será el juez el que proteja y no la familia.
La naturaleza jurídica de los cargos tuitivos son las potestades, ostenta la naturaleza jurídica de las potestades. La potestad es el ámbito de poder que el ordenamiento otorga a un sujeto para satisfacer intereses ajenos.

Las características generales de los cargos tuitivos (art. 216 CC) son que constituyen un deber, se ejercen en beneficio del tutelado, bajo la salvaguarda del poder judicial antes el sistema era en torno a la familia y ahora en torno al poder judicial, es la nota característica que diferencia más del régimen anterior.

Se constituye a través de designación judicial.
Se establecen unas prohibiciones legales (art 221 CC) los designados no pueden recibir liberalidades del tutelado, es decir, regalos. El tutor debe ejercer su cargo a cambio de nada. El cargo tuitivo no puede representar al tutelado en supuestos conflictos de intereses. Tampoco podrá adquirir o transmitirle a título onerosos bienes al tutelado, solo podrá hacerle donaciones.

Se establece también un derecho a la indemnización, el cargo tuitivo tiene derecho a una indemnización cuando sea víctima de daños y prejuicios sin culpa. Debe ser objeto de inscripción en el registro civil (art. 218-9 CC).
La tutela se regula en el arts. 222 ss. Del CC. La función del tutor es educar y representar legalmente al tutelado, además, administrar sus bienes. La tutela tiene un carácter estable y general, se nombra un tutor con tendencia a la permanencia y además, en todos los actos jurídicos que el tutelado requiera.